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martes, 18 de julio de 2017

El Consejo de Estado denegó la nulidad de varias disposiciones del Acuerdo de Puerto Tejada, Cauca
Conoce las consideraciones respecto al impuesto predial, impuesto al alumbrado público y las tasas sobre certificaciones, paz y salvo y constancias

https://www.pwcimpuestosenlinea.co/TLSTimes/PublishingImages/Impuesto%20a%20la%20riqueza/Impuesto%20a%20la%20Riqueza%20(1).bmp

En esta ocasión, el Consejo de Estado resolvió tres cuestionamientos a partir de una demanda de nulidad contra varios Artículos del Acuerdo Municipal de Puerto Tejada (Acuerdo Municipal 35 de 2008):

¿Quién es el sujeto pasivo en el Impuesto Predial Unificado?

Al respecto, el demandante consideró que este impuesto recae sobre el derecho de propiedad, y por tanto, el único sujeto pasivo debería ser el propietario del inmueble. Suscrito a lo anterior, las normas que se refieren a poseedores o usufructuarios del bien inmueble como sujetos pasivos del impuesto predial son nulas, pues se debe gravar la propiedad inmueble, y no el derecho de propiedad.

La Sección negó la nulidad de las expresiones demandadas y reiteró lo expuesto en su jurisprudencia del pasada, en la que manifestó que  “el impuesto predial unificado es un gravamen de tipo real que recae sobre el valor del inmueble sin consideración a la calidad del sujeto pasivo y sin tener en cuenta los gravámenes y deudas que el inmueble soporta”, y por consiguiente, “no se creó para gravar la propiedad privada únicamente, sino que su finalidad ha sido, siempre, gravar la propiedad raíz, los bienes inmuebles, independientemente de la persona que ostente la calidad de propietario, poseedor, usufructuario o tenedor”(Sent. Exp. 19561 de 2014).

En conclusión, el impuesto predial es un gravamen de tipo real que es generado por la simple existencia del predio o propiedad raíz y el sujeto pasivo será el propietario, poseedor o usufructuario del inmueble.

¿Las entidades territoriales, mediante acuerdos u ordenanzas, pueden establecer los elementos en los tributos?

El demandante alegó que el Municipio de Puerto Tejada no tenía facultad legal para establecer los elementos el impuesto de alumbrado público en su jurisdicción.

Respecto a esta cuestión, la Corporación dijo que sí es posible que las entidades territoriales puedan fijar elementos de los impuestos de carácter territorial, pues la ley puede crear el tributo y fijar los elementos del impuesto sin vaciar la competencia del municipio, o puede autorizar la creación del tributo para que sea el municipio el que fije los elementos.

¿Está facultada la administración de una entidad territorial para establecer una tasa sobre las constancias, paz y salvo y certificaciones que ella misma expida?

En esta cuestión la Sala manifestó que si bien todos los individuos tienen derecho a que se le entreguen documentos que reposen en las secretarías y archivos, también será el solicitante quien deba correr con el costo de las copias expedidas cuando la cantidad así lo justifique (Art. 29 de la L. 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). 

Dicho lo anterior, la Alta Corporación acudió a la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual se dijo que los Municipios se encuentran habilitados para determinar la tarifa por expedición de copias, y que esto se encuentra ajustado a la Constitución Política, pues está establecido que  “La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.

Ahora, ¿cuál debe ser la tarifa del costo de las copias expedidas por la administración?

Sobre esta consideración, la Sala fue clara al manifestar que según las normas y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la facultad de fijar una tarifa no es discrecional y debe obedecer al método y sistema establecido en la Ley, la Ordenanza o el Acuerdo, y regirse acorde al criterio que establece que la tarifa no puede exceder el costo de la reproducción. (Art. 17 de la Ley 57 de 1985)(Texto original de la sentencia 19825 de 2016 aquí)


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