| 5577 | 2000 | "Siendo ello así, erró de hecho el Tribunal al dejar de apreciar tales escritos, con fundamento en los cuales debió abrirle paso a la interpretación del contrato con fundamento, entre otros criterios, en la aplicación práctica que de él hicieron las partes, según la regla de hermenéutica contractual contenida en el inciso final del artículo 1622 del Código Civil, para concluir que, en realidad, independientemente de su validez, el negocio jurídico celebrado fue el de promesa de compraventa, como lo demostraba el documento visible a folios 5 y 6 del cuaderno principal.
(...) Los yerros señalados llevaron a su vez al Tribunal a no estudiar la invalidez demandada, pues, a su juicio, como de la promesa no surgió la obligación de suscribir una escritura de venta, mal podía predicarse aquel fenómeno, dejando así de considerar, por causa de las equivocaciones aludidas, la viabilidad de la pretensión de nulidad, lo que, a su turno, le impidió dar por demostrado, estándolo, que dicho documento no solo carecía de la indicación del "plazo o condición" y, en ese marco, de la referencia al lugar y a la notaría donde debía otorgarse la escritura pública que perfeccionara el contrato prometido, como lo reclama el numeral 3º del artículo 89 de la ley 153 de 1887, dejando así de aplicar consecuencialmente las normas sustanciales que otorgaban el derecho a que la nulidad se declarara (Arts. 89, ib. y 2º ley 50 de 1936).
En suma, el Tribunal no tuvo como acreditada, en su real dimensión, la existencia -así fuera viciada- del contrato de promesa de compraventa cuya nulidad se demandó, pese a obrar en el expediente la prueba del mismo. De paso, al alterar el contenido material del documento que recoge aquel negocio, tuvo como demostrado –de alguna manera- otro que no fue celebrado (cesión de derechos), incurriendo así en evidente error de hecho que, por las razones señaladas, afectó el sentido de la decisión."
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